Leo en el BOE de forma literal el título de la Ley 12/2016 de 28 de julio: “de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política de la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999“. El encabezamiento supone de por sí un ultraje a las auténticas víctimas, las asesinadas, heridas o secuestradas por ETA, al equipararlas a los terroristas, dentro de una presunta disputa política como quimérico contexto. De salir esto adelante, el relato imperante y oficial (entiéndase, avalado por el Estado) de lo sucedido estos años atrás sería revisado para acabar en una especie de empate técnico, todos habrían tenido sus razones, lo que en realidad significaría el triunfo de los malos.

Los que hayan estudiado Filosofía del Lenguaje sabrán que el uso de la lengua tiene una capacidad enorme de moldeamiento del pensamiento, por lo que existe el riesgo de impulsar una lectura desenfocada de lo que pasó. Exactamente la lectura que pretenden los etarras. Y esto se pone en marcha con la aquiescencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que devuelve así al PNV el favor del voto en la pasada moción de censura, cuando anunció (mintió) que quería llegar al poder para convocar elecciones en el menor plazo posible.

– Y, oiga, ¿esto que me cuenta no tiene consecuencias? Después de tantísimos centenares de víctimas mortales de ETA, ¿el electorado no se le echa encima al tal Sánchez?

– Pues no, mire. De hecho, es el político mejor valorado por los españoles. Verá, es que aquí se ve muchísimo la tele, que está gestionada desde el modelo de pensamiento único por el Gobierno y que tiene una capacidad notable de idiotizar a la audiencia. Y se lee poco y mal.

No queda aquí la cosa: si esta infecta ley sale adelante, significará que una comisión de presuntos expertos, tutelada con total seguridad por políticos independentistas vascos amigos de la ETA, decidirá, al margen de los jueces, qué policía o guardia civil ha cometido abuso. Sin juicios limpios ni gaitas de por medio. La indefensión jurídica será total y absoluta, algo inconcebible en un país serio. No en España, donde gobierna alguien con sólo 84 diputados y que si no viviera de la política, con alta probabilidad estaría en el paro por su extrema cortedad intelectual y flaca ética.

Mientras este lacerante proceso legal sigue adelante, leo una carta que firman los políticos catalanes presos a cuenta del aniversario del atentado islamista del 17 de agosto en Barcelona: “Los Mossos hicieron un gran trabajo, pero queremos denunciar la falta de colaboración del Estado y de algunos de sus organismos. No podemos cerrar los ojos ante la información que nos llega del sumario del 17 de agosto y que evidencia la estrecha relación entre el imán de Ripoll, el líder ideológico del atentado, y el CNI. El respeto a las víctimas, el respeto a la ciudadanía y a la transparencia obliga al Estado español a responder a estos interrogantes y explicar la verdad”.

– ¿Debo entender que están acusando al CNI, es decir, al Gobierno de España, de estar de alguna forma detrás del atentado? Esto es muy grave, supongo que Sánchez aquí sí habrá sido tajante y habrá tomado represalias.

– Querido amigo, el discurso de nuestro presidente ha sido el de “agradecer el tono que está adquiriendo el acto del 17 de agosto en Barcelona de solidaridad con las víctimas”.

– ¿Pero el presidente de la Generalidad no ha dicho en ese acto que “atacará al Estado injusto”? No parece un tono amigable, y más viniendo de alguien que ha llamado “bestias” a los hispanohablantes en Cataluña sin haberse disculpado todavía. ¿Seguro que Sánchez no le ha llamado al orden?

– Me temo que no. Prefiere usar su tiempo en tomar un avión oficial (que pagamos todos) para ir con su mujer, a la que acaba de colocar en un cargazo, a un concierto en Alicante…